El Balboa no es una moneda confiable

Durante este año, el gobierno puso en circulación 40 millones de Balboas en monedas de 1. El motivo principal de la acuñación de Balboas fue ahorrar el alto costo de reposición de billetes; aproximadamente un millón de Dólares anuales.

Es errónea la afirmación de que los gobiernos ahorran, pues el verdadero ahorro de la sociedad proviene de la producción de las personas. Si un país está teniendo ahorros, lo correcto es que se bajen los impuestos a la población. Falseado el planteamiento del ahorro, lo correcto sería decir que el gobierno incurrirá en un gasto menos.

El origen del dinero ha sido olvidado por los Estados modernos. El dinero fue producto de un fenómeno de mercado que duró miles de años, en el cual las personas escogieron un medio con el cual pudieran realizar sus transacciones y que a la vez mantuviera el valor de su productividad.

Si el problema es el gasto de reposición de billetes, una mejor solución habría sido cambiar los 40 millones de Dólares de papel por 40 millones de Dólares en monedas, que acuña los Estados Unidos.

Han sido fallidos todos los intentos de introducir al mercado estadounidense Dólares en monedas, primero en 1979 con el Dólar Susan B. Anthony, luego en el 2000 con el Dólar Sacagawea y por último en el 2007 con monedas de rostros de diferentes presidentes. El resultado ha sido más de mil millones de monedas en bóvedas y sin usar.

En Ecuador, con economía dolarizada, se utiliza la moneda del Dólar Sacagawea; para ellos es un mecanismo de evitar el gasto de reposición de billetes. Sin embargo, resulta incómodo para las personas cargar muchas monedas.

El Balboa panameño no está a la par con el Dólar estadounidense; de esto nos damos cuenta con una sencilla prueba: tratemos de cambiar Balboas por Dólares en otro país. El resultado es que no nos los cambiarán, entonces nos daremos cuenta de que el Balboa es inconvertible. Algunas casas de divisas señalan que el Balboa Panameño (PAB) tiene cambio a la par con el Dólar Americano, pero este valor se da porque la economía está dolarizada. Si Panamá no tuviera acuerdo de circulación del Dólar y utilizara su propia moneda, el valor no sería el mismo que dice tener actualmente.

En el Siglo XIX, don Justo Arosemena había recomendado no tener una unidad monetaria nacional, debido a las múltiples manipulaciones a que puede ser sometida; su propuesta fue la libre circulación de monedas y elegir la mejor de ellas. Tal ha sido el comportamiento de los panameños, quienes siempre han elegido la unidad monetaria que han estimado más cómoda para comercializar. Tan sólo hay que recordar la fallida emisión de 1941, bajo el gobierno de Arnulfo Arias. Otros proyectos de emisión fallidos fueron los de 1911 y 1913, bajo el gobierno de Pablo Arosemena y Belisario Porras, respectivamente.

El rechazo de la población a la última emisión de Balboas demuestra que la moneda no brinda confianza y probablemente quedarán de colección.

Artículo publicado el 28/8/2011 en el diario La Estrella.

Economista, una profesión regulada inútilmente

Hoy, 14 de abril, se celebra el Día del Economista. Se escogió este día conmemorativamente, debido a que un día como hoy, en 1981, a través de la Ley Nº 7, se reguló la profesión del economista en Panamá. Un profesor me dijo, siendo yo estudiante, que esa ley nunca había sido cumplida y que por ese motivo no se valoraba el nivel del economista panameño. En aquella ocasión no nos explicó el porqué del incumplimiento en la aplicación de dicha norma. A continuación trataré de explicarlo, mediante el análisis del Capítulo 1 de la Ley Nº 7 de 1981, correspondiente al ejercicio de la profesión.

El Artículo 1 contiene una afirmación falsa, pues indica que ‘se podrá ejercer libremente la profesión en el territorio nacional, sólo bajo las disposiciones de la ley’. Hablar de libertad es contrario a establecer una regulación, pues la regulación veda o limita la libertad y es por este motivo que deviene en contradictorio hablar de ejercer libremente, cuando se está regulando el ejercicio de la profesión.

A continuación, el Artículo 2, define al economista como un científico social, dando a entender que estamos capacitados para ejercer la ‘ingeniería social’, pensamiento planificador heredado del socialismo. También lo define como aquel que tiene los conocimientos teóricos y de aplicación para asignar recursos productivos; todas las personas aplicamos el asignar los pocos recursos con los que se cuenta ante necesidades ilimitadas, pues siempre nos encontramos en un estado de querer pasar de la situación actual a una mejor.

Ser panameño es uno de los requisitos expresados en el Artículo 3. Con esto se restringe el acceso al ejercicio de la profesión a los extranjeros. ¿Por qué será que nos imposibilitamos a superarnos para competir con los mejores del mundo?

En el Artículo 4 se incluyen las actividades atribuidas a los economistas. Entre ellas se encuentran la formulación y evaluación de proyectos, estudios de mercado, análisis del comercio internacional, análisis econométricos, investigaciones económicas, etc. Siguiendo el orden de esas actividades, habría que pensar lo que sucedería con los gestores de proyectos, mercadólogos, ingenieros comerciales, estadísticos o investigadores que utilizan elementos económicos en sus investigaciones.

No entraré en el análisis de los Artículos 5 y 6, porque son repetitivos y siguen siendo contradictorios con el Artículo 1, pues eliminan la libertad de ejercicio de la profesión.

El artículo 7 expresa que ‘a partir de la presente Ley ninguna persona podrá ejercer como economista hasta que haya obtenido su idoneidad’. Quien necesita los servicios de un economista, preferirá a uno intelectual sin idoneidad, que a uno sin conocimientos con idoneidad. El afiliarse en un gremio para obtener una ‘aprobación de ejercicio profesional’ no es garantía de ser un buen profesional.

Quiero felicitar a mis colegas en su día y manifestarles que una ley proteccionista no nos hará mejores, sólo lo podrá hacer la competencia, a través de la libertad de profesión.

Artículo publicado el 14/4/2011 en el diario La Estrella.

Apetecidos no tan legales

Hace unas semanas en Panamá se aumentó el impuesto del cigarrillo en un 100%. Con esta medida, el Gobierno pretende lograr dos grandes objetivos, en mi opinión:

El primer objetivo era obtener una mayor recaudación. Con ello se pretende equilibrar la recaudación o el costo que representa la atención de pacientes enfermos, producto del tabaquismo. El segundo objetivo buscaba reducir la población fumadora, en acuerdo con el Convenio Marco con la Organización Mundial de la Salud. Además prohibía publicidad de cigarrillos, como estrategia de apoyo al segundo objetivo.

Evitar el hábito de fumar es una buena acción, pero sin quitar méritos a la estrategia establecida, ocurrió algo, a mi parecer, que era difícil de prever para quienes conocen el proceso del mercado: el aumento de las ventas de cigarrillos de contrabando.

En el libre mercado, el precio se determina de la valuación final de las valuaciones previas del comprador y vendedor, por el objeto a intercambiar. Estas valuaciones se explican con las leyes de oferta y demanda; la ley de la demanda nos dice que es inversamente proporcional al precio, lo que quiere decir que a precio bajo aumenta la demanda. En cambio, la ley de la oferta nos dice que  es proporcional al precio; esto significa que al bajar o aumentar el precio, también lo hace el oferta.

El precio es establecido naturalmente entre el comprador y el vendedor, pero cuando los Gobiernos intervienen este proceso, provocan desequilibrios. El desequilibrio resultante se traduce en sobrante o faltante del objeto a intercambiar.

En el caso de los cigarrillos, existe un sobrante de cigarrillos legales, debido a que el consumidor no puede pagar el precio establecido. Además está existiendo, a mi juicio, un faltante de cigarrillos con precios asequibles; dicho faltante está siendo cubierto por los cigarrillos de contrabando.

Al no poder pagar el precio establecido, las personas siempre buscarán alternativas para satisfacer sus necesidades. Actualmente en la valuación comprador-vendedor de cigarrillos de contrabando, se ha establecido un precio natural. El paquete de cigarrillo de más demanda cuesta B/ 1.50, mientras el de menor demanda llega a costar hasta B/ 1.00.

Los cigarrillos de contrabando no tienen publicidad; sin embargo, me atrevo a manifestar que están siendo más demandados que los cigarrillos legales. El contrabando nunca fue previsto en las estadísticas, pues sólo son números y no pueden medir la acción humana.

Mi conclusión es que el Gobierno estima que no están recibiendo los ingresos pronosticados y mucho menos están ·cuidando la salud de la población, pues ahora se consiguen cigarrillos más baratos que antes.

Artículo publicado el 19/11/2010 en el suplemento Calle 50 del diario El Panamá América

Las empresas estatales y su evolución en Panamá

La empresa estatal es aquella que realiza sus actividades bajo la administración del Gobierno. El nombre de “empresa estatal” es contradictorio, ya que para que pueda ser catalogada como empresa es necesario que sea operada por particulares, quienes ofrecen bienes y servicios para satisfacer las necesidades de otros.

Estos particulares se sumergen en la tarea de satisfacer las necesidades de otros debido a un interés personal. Es decir, quieren obtener algo a cambio.

En la tarea empresarial propiamente dicha, los particulares utilizan sus propios recursos (tiempo, capital, esfuerzo) y, de hecho, los arriesgan, por más experiencia y convicción que se tengan; además siempre existe la posibilidad del fracaso. Contrario a este modelo, las llamadas “empresas estatales” carecen de dos aspectos claves: el interés personal de obtener una ganancia por los servicios o productos que se ofrecen y el riesgo de perder la inversión propia.

Los empresarios conocen los gustos de los consumidores y por ende invertirán en aquellos sectores que le sean rentables, pero cuando el Estado decide invertir lo hace, generalmente, en sectores que desean los gobernantes y no necesariamente en los que exige el mercado; es decir, el deseo de los consumidores. En consecuencia, los recursos casi siempre quedan mal invertidos.

Ejemplo de esto lo podemos encontrar en la historia nacional. La intervención estatal en el mercado panameño que aumentó después del golpe militar de 1968, con el plan llamado Estrategia para el Desarrollo Nacional 1970-1980. Así se crearon las empresas operadas por el Gobierno en los sectores azucarero y el cementero, con el financiamiento por parte de los organismos internacionales. En un principio se pensó que estas empresas pagarían sus deudas y que aportarían ingresos a las arcas del Estado. Anterior a esto, ya existían las “empresas estatales” de energía eléctrica y telecomunicaciones.

Ninguna de estas empresas cumplió sus objetivos. Para crearlas se inició la deuda externa del Estado panameño que hasta la fecha no ha sido pagada en su totalidad. Y contrario a lo que mucha gente dice, la incapacidad de pago no se debió a las condiciones de los préstamos, sino que se invirtió en empresas que nunca generaron ganancias suficientes.

A final de la “década perdida” del 80 (época en la que no hubo crecimiento económico ni inversiones significativas y se dieron crisis en toda Latinoamérica) y del régimen militar panameño, Estados Unidos ayudaría económicamente a Panamá a salir de la crisis en que se encontraba. Para ello, se aprobó el Convenio de Donación, que exigía implementar reformas con políticas liberalizadoras contempladas en la Estrategia para el Desarrollo y Modernización Económica de 1990. Estas políticas incluían la privatización de las “empresas estatales”, que si bien no favorecían a cabalidad a los usuarios o consumidores porque no permitían el ingreso al mercado de nuevos competidores, sí eliminaban una carga para el Estado. Adicionalmente, con el dinero obtenido por vender esas “empresas”, se creaba un fondo de fideicomiso llamado Fondo Fiduciario para el Desarrollo.

Es evidente que el llamado sistema del “Estado Empresario” fue el causante del fracaso de las economías planificadas y parece incomprensible que se siga pensando que con este modelo se obtiene un Estado más eficiente.

En el inicio de la República, en la Constitución de 1904, el Estado se limitó en el artículo 73 a elaborar el presupuesto, pero su injerencia en el mercado ha ido creciendo y continuará si no entendemos su función real.

Por último, cito las palabras del doctor Alberto Benegas Lynch (hijo): “El Gobierno no fue hecho para ser comerciante, industrial ni agricultor, fue hecho para hacer justicia”.

Artículo publicado el 17/8/2010 en el suplemento Calle 50 del diario El Panamá América